El
terror y la violencia extrema de más de 40 organizaciones criminales,
que mantienen como rehén a la población mexicana y amenazan a la
seguridad, son el principal reto del nuevo gobierno para lograr la
llamada “pacificación del país”, que busca impedir la expansión y
multiplicación de las actividades de esos grupos, cuyo número es mucho
mayor al reconocido oficialmente.
Especialistas
coinciden en que después de tres sexenios fallidos en materia de
seguridad, la delincuencia organizada que enfrentarán las nuevas
autoridades no sólo se reconfiguró, sino que, como un virus social, se
adaptó y, más robusta, enfrenta al Estado mexicano.
Informes
oficiales de inteligencia, expertos en seguridad yredes criminales de
México, Colombia y Estados Unidos, así como organismos de derechos
humanos y civiles, muestran que además del tráfico de drogas, la nueva
administración deberá contener a grupos que incursionan en al menos
otros 15 delitos de alto impacto, como robo de combustible, secuestros,
extorsión, desapariciones, desplazamiento forzado, homicidios,
contrabando de armas, trata y comercio de personas, entre otros.
Las
nuevas autoridades se enfrentarán al rastro que los grupos criminales
dejaron al paso de 18 años de alternancia política y que convirtieron a
México, según la opinión de expertos, en un país de víctimas sin
atención.
Lo
sucedido está documentado con los cerca de 250 mil asesinatos cometidos
por estos grupos en 18 años, 36 mil 265 desaparecidos reportados por el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor parte de los más de 325
mil desplazados, la estela de fosas clandestinas que se han descubierto,
así como en los videos que libremente circulan desde 2005 en la web y
en los que exhiben su crueldad.
No hay
estado, municipio o ciudad en el que la gente no hable de la presencia
de grupos criminales. Están en todas partes, pero no para la PGR, que
afirma que 10 estados están libres de la operación de los nueve grandes
grupos criminales que hay en el país.
El
Cártel del Pacífico o de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), los Beltrán Leyva, los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, los
Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y los
Zetas no tienen presencia alguna, según la versión oficial, en la
Ciudad de México, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro,
Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Campeche y Oaxaca. Expertos opinan que ese
mapa criminal no aporta nada para entender la delincuencia en el país.
El
rostro de los grupos criminales se asoma en todo el territorio nacional,
incluidas zonas como la Ciudad de México —donde la PGR no tomó como
grupos del crimen organizado ni a Unión Tepito ni a la Anti-Unión, como
tampoco a las bandas de Los Rodolfos ni de El Ojos de Tláhuac— y
destinos turísticos, corredores industriales, petroleros, mineros,
comerciales, pesqueros o agropecuarios.
Las
nuevas autoridades encontrarán que la reconfiguración criminal y la gama
de actividades ilegales en las que actúan se traducen en el
sometimiento de poblaciones enteras e incluso en algunas zonas del
control y gobernanza de los cuerpos policiacos, autoridades municipales
estatales y federales, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Las víctimas se multiplican
Gobernadores,
alcaldes y corporaciones policiacas enteras que han sido cooptadas por
los grandes grupos delincuenciales que, según la PGR y cuya información
recibirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, operan a través de
al menos 30 subgrupos o células y su nivel de violencia es palpable en
matanzas que han conmovido al país.
Entre
ellas, se cuenta la desaparición y posible muerte de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, las masacres de Allende y San Fernando, Villa de
Salvacar, los 36 asesinados y abandonados en la vía pública en Veracruz,
los 24 albañiles muertos en La Marquesa, la ejecución de 12 policías
federales en Michoacán, el crimen de 15 policías estatales por parte del
CJNG en 2015, y la masacre de 23 personas, 14 decapitadas y nueve
colgadas, en Nuevo Laredo.
Especialistas
como los mexicanos Luis Astorga, César Alarcón Gil, Arturo Urbina
Nandayapa, Zulia Orozco Reynoso, Marisol Ochoa, Jesús Pérez Caballero,
el colombiano Eduardo Salcedo-Albarán y Laura Calderón, investigadora de
la Universidad de San Diego, consideran que el diagnóstico que tiene
que hacer el nuevo gobierno debe partir del avance de la criminalidad
que fue posibilitado por factores como la corrupción, falta de
transparencia, rendición de cuentas, capacitación y vacíos
institucionales en los aparatos de seguridad, procuración y
administración de justicia.
Explican
que otros factores que desembocaron esta crisis de inseguridad y
violencia fueron la ausencia de políticas públicas de largo alcance en
educación, salud y bienestar social, así como el repliegue y atomización
social ante los altos niveles de violencia y crueldad de grupos
delincuenciales.
Todos
avizoran un clima de graves complicaciones al gobierno entrante en su
objetivo de desmantelar a los grupos criminales, puesto que se requiere
luchar contra una estructura cimentada social, económica y
políticamente. No se pueden esperar resultados extraordinarios frente a
la expansión criminal que fue posible, también, con la compra y
cooptación de protección política y policial, además de infiltrar
cadenas empresariales, comerciales y de servicios por parte de grupos
delincuenciales y del narcotráfico que reconfiguraron y adaptaron sus
estructuras y operaciones a una nueva etapa dentro del crimen organizado
en la esfera nacional e internacional.
Los
cambios criminales incluyen desde la producción de nuevas drogas de
diseño, ampliación de su portafolios de actividades, sistemas de
posicionamiento social —como imponer el miedo en la población, lograr la
aceptación mutua o convivencia natural— y hasta la sofisticación en el
lavado de dinero y su incorporación a la era digital.
El
gobierno que encabezará López Obrador deberá identificar cómo la
delincuencia organizada se vale del reclutamiento de miembros que actúan
en el ámbito legal y operan bajo leyes laxas que les permiten crear
empresas fantasmas, participar en licitaciones públicas, triangular
recursos, contar con prestanombres, poder colocar dinero en paraísos
fiscales, invertir en la carrera de políticos en ascenso y hacer
aportaciones a campañas políticas, entre otros delitos, de acuerdo con
las fuentes.
Coinciden
en que las expectativas creadas por el nuevo gobierno serán difíciles
de lograr. Las transformaciones y acciones para enfrentar al crimen
organizado anunciadas fueron calificadas por Luis Astorga como
“ocurrencias y sin conocimiento del reto que representan estos grupos”;
de “imposibles” de alcanzar en el corto plazo por César Alarcón; de
“ilusiones” por Arturo Urbina; como “buenos deseos” por Zulia Orozco;
mientras Eduardo Salcedo opinó que incluso una reducción de la violencia
no permite asumir un éxito en el combate al crimen organizado, porque
es posible que haya aumentado su eficiencia y cooptado instituciones
clave para su funcionamiento. Marisol Ochoa, Jesús Pérez Caballero y la
catedrática Laura Calderón dicen que nadie puede esperar resultados
inmediatos.
Las alianzas para la violencia
Las
labores de inteligencia desarrolladas por la PGR sobre la cantidad de
grupos criminales que operan en el país y a las que tendrán acceso las
nuevas autoridades indican que cuatro de ellas son originarias de
Sinaloa: el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva, los Carillo Fuentes y
los Arellano Félix. Las otras son el Cártel Jalisco Nueva Generación,
que es una escisión de los grupos sinaloenses. Le seguirían el Cártel
del Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y los Zetas.
El
informe destaca que a la par de los cambios en las estructuras y
operación de los grupos criminales, disponen de arsenales, que incluyen
armas usadas sólo en conflictos bélicos, lo cual les sirve para
enfrentar el despliegue militar o bien retar o enfrentar cualquier
embate de las fuerzas del orden.
En
varias de esas organizaciones hay un componente familiar que las hace
operar como clanes, pero, al final, como cualquier grupo delictivo, el
objetivo común es dominar zonas o regiones geográficas para obtener el
control de los mercados y las ganancias de las actividades criminales.
Este
componente permite ventajas como seguridad y confianza en el entorno de
los líderes, mayores ganancias, alianzas no exentas de rupturas
violentas con otras bandas.
En el
Cártel de Sinaloa operan Iván y Alfredo Guzmán Salazar, y Aureliano
Guzmán Loera, El Guano, hijos y hermano del extraditado narcotraficante,
Joaquín El Chapo Guzmán. A la par de ellos está Ismael El Mayo Zambada,
cuya familia también participa y es activa en los negocios de la
organización.
Los
Beltrán Leyva, los Arellano Félix y los Carrillo Fuentes tienen el mismo
ingrediente familiar, el cual juega un papel de primer orden dentro de
las estructuras de mando y hasta de rivalidad con sus pares. El CNJG
está bajo control de las familias Oseguera y los González Valencia, Los
Cuinis; en el Cártel del Golfo la familia de los Cárdenas Guillén
mantiene hasta ahora cierta influencia y, en algún momento, este rasgo
estuvo presente con los Zetas, con la familia Treviño Morales, comandada
por el Z-40, Miguel Treviño Morales, quien administró el grupo como
empresa familiar. En los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana
no es visible esta característica en común.
La
permanencia y supremacía del Cártel de Sinaloa, de los Beltrán Leyva,
los Carrillo Fuentes, los Arellano Félix o el surgimiento y violencia
del Cártel Jalisco Nueva Generación, junto con la crueldad de los Zetas y
las ofensivas armadas del Cártel del Golfo y de los Caballeros
Templarios, así como la Familia Michoacana, no sería posible sin la
articulación de estas organizaciones con otras asociaciones criminales.
El
informe de la PGR detalla que al menos 34 grupos de delincuencia
organizada están coaligados a estos grupos históricos o bien de reciente
creación o emergentes, pero ninguno de ellos tiene la característica de
ser una organización criminal transnacional, como las nueve mencionadas
anteriormente, pero su capacidad de violencia y conocimiento profundo
de cada una de las zonas donde operan las hace sumamente peligrosas.
Los grupos no reconocidos
El
nuevo gobierno federal deberá asumir que los grupos criminales han
trasladado no sólo sus operaciones, sino también sus combates y disputas
por mercados, a casi todas las regiones del país. Ahí, según el reporte
oficial, hay pequeños grupos de narcomenudistas o delictivos que se
disputan mercados locales, que constituyen zonas donde las autoridades
locales atienden ese fenómeno.
No
están en el diagnóstico elaborado por la PGR grupos criminales como Los
Tequileros, Los Sierreños, Gente Nueva, Ojitos Verdes, Guardia
Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Los Marín, y Los Añorve, en el
estado de Guerrero —donde está 60% de los cultivos de amapola—; Unión
Tepito, la Anti-Unión, Los Rodolfos ni la banda criminal de Tláhuac de
El Ojos, en la Ciudad de México.
En
Jalisco, el CJNG enfrenta a un grupo criminal denominado La Resistencia o
Cártel Nueva Plaza, mientras que en Guanajuato confronta al grupo
llamado Cártel de Santa Rosa de Lima; en Tamaulipas se encuentra otro
grupo autollamado el Cártel del Noroeste; en Quintana Roo destaca el
Cártel de Cancún; en Puebla y Veracruz se suman grupos como el del
Bukanas; en Michoacán aparecen Los Viagras; en Chihuahua se encuentran
Los Linces, entre otros grupos más que se dedican a un sinnúmero de
actividades criminales que tienen un gran impacto en el costo de la
inseguridad en México, pero son muchos, muchos más como en breve habrá
de saber el nuevo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López
Obrador a partir del 1 de diciembre.
fuente.-
