El gobierno de Tamaulipas enfrenta dos investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por policías estatales, además del caso reciente del 5 de septiembre en el que ocho personas habrían muerto en un falso operativo.
Uno de esos casos es el de José Antonio Rodríguez Martínez, bombero de profesión, habitante de Nuevo Laredo. El 2 de marzo de 2017 estaba en casa de su mamá, la señora Elsa Graciela Martínez, y se hacía de noche.
“Me dijo, madre me voy porque mañana entro en Bomberos, agarró y se fue”. Iniciaba un turno de 24 horas de trabajo al día siguiente y querían descansar, contó la señora Elsa a Animal Político.
Poco después de su partida, recibió una llamada donde le dijeron que su hijo se había accidentado. Llamó al celular de su hijo y nada. Nadie respondió. La mamá de Antonio Rodríguez pasó la noche de ese 2 de marzo sin saber que a su hijo lo habían matado y que además su cuerpo había aparecido con un arma larga entre manos.
Al día siguiente fue a una funeraria y ahí le mostraron una foto mediante la cual hizo el reconocimiento del cadáver de Toño. Después fue al Ministerio Público donde rindió su declaración e inició un proceso legal que, de acuerdo sus propios dichos, no ha arrojado ningún resultado.
La señora Elsa presentó una querella el 17 de marzo de ese año en contra de elementos de la Policía Estatal Acreditable “Fuerza Tamaulipas” por los delitos de ejecución extrajudicial, robo, abuso de autoridad “y los que resulten”.
Tal como ocurrió con el caso del 5 de septiembre de 2019 y la muerte de ocho personas, el gobierno de Tamaulipas dio a conocer que se trató de una agresión armada repelida por los policías y que, al término del incidente, hallaron armas en manos de la persona fallecida.
Y, de igual forma, en esa ocasión el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo reunió pruebas (videos, fotografías y documentos) que señalaban a la policía. “A mi muchacho me le cargaron cosas en su camioneta”, dijo la mamá de la víctima.
En un escrito enviado por esa organización a las autoridades de Tamaulipas, incluyendo al gobernador Javier García Cabeza de Vaca, pidiendo una investigación seria e inmediata, y que eviten que los policías deserten para evadir la justicia “como ha sucedido en anteriores ocasiones”.
Hasta hoy no hay una sola persona detenida por ese caso.
